- Propone penas de hasta 10 años de prisión por crear o difundir imágenes, videos o audios sin consentimiento.
Cd de México, 16 de abril de 2026-. En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que las leyes, el diputado federal Alan Márquez impulsa una iniciativa de ley para frenar uno de los riesgos más preocupantes de la era digital: el robo de identidad mediante inteligencia artificial.
La propuesta plantea reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito la creación, manipulación o difusión de imágenes, videos, audios y otros contenidos que utilicen la identidad de una persona sin su autorización, especialmente cuando se haga con fines de fraude, engaño o daño.
Actualmente, aunque la Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales y a la identidad, el país no cuenta con una legislación específica que castigue estas nuevas formas de suplantación digital. Esta laguna legal deja expuestos a millones de mexicanos frente a herramientas tecnológicas capaces de replicar rostros, voces y comportamientos con gran precisión.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el legislador guanajuatense, el delito de robo de identidad incluiría el uso de inteligencia artificial o tecnologías de la información para obtener, manipular o utilizar datos personales sin consentimiento, con el objetivo de hacerse pasar por alguien más.
Las sanciones propuestas van de 4 a 10 años de prisión, además de multas. En casos donde la identidad robada sea utilizada para cometer fraudes, generar desinformación o dañar la reputación de una persona —por ejemplo, mediante la clonación de su voz o imagen—, las penas podrían aumentar hasta en una mitad.
Otro punto relevante es que las plataformas digitales y redes sociales estarían obligadas a detectar y eliminar de forma inmediata el contenido que vulnere la identidad de las personas. Para ello, tendrían un plazo de 90 días para implementar mecanismos que permitan cumplir con esta responsabilidad una vez que la ley entre en vigor.
El robo de identidad no es un problema nuevo, pero sí uno que ha evolucionado. Antes se limitaba a la falsificación de documentos; hoy, con la inteligencia artificial, puede ocurrir en cuestión de minutos y con impactos mucho más amplios, desde fraudes financieros hasta campañas de desprestigio.
La iniciativa busca responder a esta nueva realidad digital, estableciendo reglas claras que protejan a las personas sin frenar el desarrollo tecnológico. El objetivo es claro: que la innovación siga siendo una herramienta de progreso, y no un riesgo para la seguridad, la privacidad y la dignidad de la ciudadanía.
