- El proyecto de decreto, remitido a la Cámara de Diputados, faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
Ciudad de México 15 de abril de 2026.- En un hecho que marca un momento decisivo en la lucha por la justicia y la protección de las mujeres, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca fortalecer el combate al feminicidio en todo el país.
Con 109 votos a favor, el Pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de crear una ley general en materia de feminicidio. Esta propuesta ya fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
La reforma abre la puerta a la construcción de un marco legal único en México, que permita definir con claridad este delito, establecer sanciones más precisas y, sobre todo, homologar criterios para su investigación y persecución en todas las entidades del país. Actualmente, el feminicidio se tipifica de manera distinta en cada estado, lo que ha generado vacíos legales y dificultades para acceder a la justicia.
El dictamen tiene su origen en una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y plantea la creación de una legislación que articule esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, con una visión integral que permita prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Uno de los puntos más relevantes es que esta nueva ley buscará garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, así como mecanismos de reparación del daño. Además, contempla reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio, una realidad que muchas veces permanece invisibilizada.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, subrayó la dimensión urgente de este problema. Señaló que una gran proporción de los feminicidios en México ocurre en el entorno cercano de las víctimas, lo que evidencia una deuda histórica marcada por la impunidad y la falta de respuestas contundentes.
Aunque la reforma no implica un impacto presupuestal inmediato, sí representa un paso firme hacia la construcción de una política nacional más sólida y coordinada frente a la violencia de género.
Más allá de los números y los procesos legislativos, este avance refleja una exigencia social cada vez más clara: que ninguna mujer viva con miedo y que cada caso encuentre justicia.
